Ya no es novedad cuando leemos que la justicia dejó a alguien libre, o que no dio las penas correspondientes.

La corrupción judicial en el Perú ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, especialmente evidenciada por los escándalos de políticos como los casos Odebrecht y Lava Jato. Estos casos han revelado una red de complicidades que involucra a políticos de alto nivel, funcionarios públicos y jueces, que han permitido la manipulación del sistema judicial para beneficiar intereses personales.

En el caso Odebrecht, la empresa brasileña admitió haber pagado sobornos millonarios a funcionarios peruanos a cambio de contratos de obras públicas. Este escándalo ha implicado a figuras políticas, caviares, expresidentes y líderes políticos, que han sido acusados de recibir sobornos y favorecer a Odebrecht en la adjudicación de proyectos. La corrupción judicial ha sido evidente en la manera en que algunos jueces han dilatado los procesos, otorgado medidas cautelares laxas o incluso archivando casos para evitar la cárcel de sus empleadores.

De manera similar, el caso Lava Jato ha expuesto la corrupción que destruye día a día las instituciones peruanas. La complicidad de jueces y fiscales en estos casos ha generado desconfianza en el sistema judicial y ha terminado por destruir la credibilidad del poder judicial.