Las fronteras del sur del Perú son unas coladeras. El jefe de la división de Control Operativo de la Intendencia de la Aduana de Puno, Pietro Boggero, informó que Sunat estima que más de US$349 millones ingresaron por la frontera sur durante 2022.
Desde Bolivia ingresan ilegalmente al Perú, principalmente, cigarrillos, licores, medicamentos, celulares, electrodomésticos, vestimenta, comestibles…, mientras que de forma inversa, ingresan a Bolivia productos agrícolas y ropa falsificada. Pero el principal problema ya no es solo un comercio ilegal, sino que en las fronteras se han reportado enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas policiales. “Nosotros nos enfrentamos a grupos armados que cuentan con logística y recursos amplios como medios de seguridad para sus traslados ilegales”, dijo Boggero en el evento.
Claudia Linares, presidenta de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI, aseguró al medio Perú21 que el contrabando no solo perjudica al mercado formal peruano, sino que crea inseguridad debido a que organizaciones criminales están detrás de estos actos. “Involucra al crimen organizado, a otras economías ilegales como puede ser la minería ilegal, el narcotráfico, el robo de vehículos”, dijo. En ese sentido, resaltó que en la encuesta de Ipsos realizada en abril sobre la materia, el 61% aseguró que el contrabando es una actividad ilegal que no debe ser permitida y el 87% señaló que tiene una alta relación con la corrupción.
Además, hay nueva disposición del Banco Central de Bolivia que ahora está autorizado para comprar oro de privados, y buena parte del oro que adquiere proviene de Puno y Madre de Dios. En ambos casos estamos hablando de minería bajo condiciones de explotación humana. La Sunat estima que son 591 millones de dólares los que se movilizan en el Perú como consecuencia del contrabando.
Ya no es novedad ver en todo tipo de estudios y encuestas que la estabilidad política y la corrupción son de las más grandes preocupaciones de los peruanos, además de la falta de la propia voluntad política para poner orden en nuestra frontera, ya sea por los intereses económicos de los bolivianos o el tráfico de personas.