En un país donde salir a la calle se ha vuelto un acto de valentía, liberar criminales se ha convertido en algo cotidiano como ir al trabajo, a la escuela o a la bodega.

Los peruanos vivimos con miedo por la ola de violencia y eso es lo que menos le importa a nuestro sistema judicial.

Tal como se ha visto ya en varias ocasiones, la Fiscalía y el Poder Judicial juegan a favor del bando contrario, como lo ocurrido con los 16 detenidos en Ate que terminaron siendo liberados pese a que se les encontraron armas, granadas y droga.

Lo ocurrido es una muestra más de la impunidad y descaro con que actúan jueces y fiscales corruptos que responden a la mafia caviar.

Y a pesar de la gravedad de los casos, aún no hay responsables sancionados ni indicios de una reforma total para cambiar todo lo que está mal en nuestro sistema de justicia.

Las injustificadas decisiones de ciertos fiscales que devuelven a delincuentes a las calles ha generado que cerca del 90% de peruanos desconfié del trabajo de la Fiscalía y el Poder Judicial.

En tanto, la fiscal de la Nación y más autoridades se excusan en falta de pruebas y culpan siempre a la Policía Nacional, cuyo trabajo se ve afectado y manchado por ese tipo de dictámenes judiciales.

Ahora le toca a la JNJ investigar y aplicar las sanciones correspondientes, a fin de no solo hacer su trabajo, sino también responder a nuestras exigencias: justicia justa, seguridad y cero corrupción. Solo así podremos recuperar la esperanza, el orgullo y la confianza en un futuro mejor para nuestros hijos y el Perú.