En Ayacucho, la inseguridad no da tregua. Pero lo más alarmante no es solo que los asaltos se repitan una y otra vez. Lo verdaderamente grave es que los ciudadanos ya no esperan a la Policía.

Esta semana, un grupo de pasajeros frustró un asalto en pleno viaje y capturó por su cuenta a uno de los delincuentes. Lo amarraron, lo retuvieron y lo entregaron a las autoridades.

Esto no es valentía aislada. Es desesperación colectiva. Es la gente defendiéndose con lo que tiene, porque el Estado hace tiempo dejó de protegerla. Ya no se trata de confiar o no en los fiscales. Se trata de sobrevivir.

¿Hasta cuándo los ciudadanos van a tener que arriesgar su vida porque el Estado no hace su trabajo?

En Ayacucho, como en muchas otras ciudades, la delincuencia va un paso adelante. Y mientras el pueblo organiza retenes, patrullajes vecinales o captura a ladrones por su cuenta, el gobierno sigue encerrado en sus oficinas, haciendo conferencias.

Este no es un llamado a la violencia, es un grito de auxilio. Porque si seguimos así, la ley del más fuerte va a reemplazar al Estado de derecho. Y eso solo lleva al caos.

Es momento de reaccionar. La seguridad no puede seguir siendo un privilegio de pocos. Tiene que ser un derecho garantizado para todos.

Y si las autoridades no son capaces de dar seguridad, entonces es hora de cambiar a las autoridades. Porque el Perú no necesita discursos. Necesita acción.