Una vez más, en La Libertad, la justicia apunta su mirada… pero no hacia el crimen real, sino hacia los trabajadores olvidados por el Estado. Esta vez fue la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) la que ordenó destruir un campamento de minería informal en Pataz, junto con todas las herramientas de trabajo que los mineros usaban para ganarse el pan.

No había armas. No había drogas. No había mafias. Solo palas, carretillas, bombas de agua, cocinas y carpas. Y eso fue lo que destruyeron. Como si trabajar con las manos fuera un delito. Como si el verdadero enemigo del Perú fueran los mineros que aún esperan una oportunidad para formalizarse.

¿Dónde están los operativos contra los delincuentes que extorsionan en la región? ¿Dónde están las órdenes para capturar a los cabecillas del crimen organizado que sí matan y secuestran?

La Fiscalía actúa rápido… cuando se trata de perseguir al trabajador honesto, pero cuando se trata de los verdaderos delincuentes, extorsionadores, mafias y  traficantes los blindan.

Esto no es justicia ambiental, es persecución social. La minería informal no es el problema. El problema es un Estado que en 25 años no ha sido capaz de darles una alternativa real. Que prefiere criminalizarlos antes que formalizarlos.

En vez de destruir cocinas de campamento, deberían estar limpiando la corrupción de las oficinas públicas. En vez de quemar carretillas, deberían frenar el avance del crimen en nuestras calles.

La Libertad no necesita más represión. Necesita justicia con sentido común. Formalización y desarrollo con respeto. Es hora de cambiar de lógica. Es hora de un Cambio de Ciclo.