En el Callao, la situación ya es insostenible: los transportistas están siendo extorsionados y amenazados de muerte por mafias como la de alias “Tito”, un delincuente conocido por la Policía, pero que sigue extorsionando como si nada. Los conductores del transporte público viven bajo amenaza constante, sino pagan una cuota semanal a estas mafias.

¿Dónde está el Estado cuando los choferes reciben mensajes que les exigen cupos bajo amenaza de muerte? ¿Dónde están las fiscalías, las unidades de inteligencia, cuando los vecinos y transportistas tienen que vivir con miedo?

Una de las zonas más importantes del país en términos logísticos se ha convertido en terreno liberado para el crimen organizado. Los verdaderos trabajadores —conductores de buses, combis, camiones— son hoy el blanco más fácil de estas mafias que operan a plena luz del día, mientras las autoridades miran para el costado o simplemente no se atreven a actuar.

Esta situación no solo destruye familias, también paraliza el desarrollo económico y genera desconfianza total en el sistema. ¿Quién puede trabajar tranquilo si salir a manejar puede ser una sentencia de muerte?

El Callao necesita respuestas ya. Los transportistas necesitan protección, no comunicados vacíos. El crimen no se enfrenta con discursos, se enfrenta con decisión, con valentía y con un sistema que funcione.

Porque mientras el Estado sigue ausente, los delincuentes toman el control de las rutas y de la vida de miles de peruanos.

Esto tiene que parar. El Perú necesita un cambio donde la justicia defienda al ciudadano y no al criminal.