El Congreso aprobó por insistencia la transferencia del Hospital Docente Las Mercedes al Gobierno Regional de Lambayeque. ¿Y por qué hubo que insistir? Porque, una vez más, quienes controlan los distintos niveles del poder —los mismos corruptos enquistados desde hace más de 25 años— prefieren entramparse en trámites y disputas burocráticas antes que priorizar el derecho a la salud de los peruanos.

Mientras los pacientes esperan atención en pasillos, entre goteras y paredes rajadas, las decisiones demora años en definir a quién le pertenece un hospital que debería estar en funcionamiento pleno. Una vez más, la burocracia se impone sobre las necesidades más urgentes de los peruanos.

Pero que el hospital pase al Gobierno Regional no garantiza nada: si no hay presupuesto ni voluntad, la refacción seguirá siendo solo una promesa más en papel.

Este caso no es una excepción, es un reflejo de lo que pasa en muchas regiones: establecimientos de salud abandonados, equipos obsoletos, médicos sin condiciones mínimas, todo por culpa de una maraña de trámites, egos institucionales y falta de voluntad.

¿Cómo es posible que el derecho a la salud siga dependiendo de firmas, oficios y trámites interminables? ¿Qué más tiene que pasar para que las autoridades entiendan que la vida no puede esperar?

La salud no puede seguir siendo víctima del papeleo ni de los corruptos que se han apropiado del negocio de la salud, a través de la venta de equipo, medicamentos, contrataciones médicas y de proyectos hospitalarios que se caen a pedazos.

Esto es lo que necesitamos cambiar de raíz: un sistema estatal que deje de obstaculizar derechos y empiece a garantizarlos. Porque no hay salud sin gestión eficiente. Y no hay país que avance con un Estado que, en lugar de sanar, sigue robando.