Más de 300 millones de soles en contratos de obras de construcción fueron entregados por el Gobierno Regional de La Libertad a una joven abogada de apenas 23 años, egresada de la Universidad Técnica del Perú, sin experiencia comprobada en el sector. ¿La razón? La cercanía política de su padre con César Acuña, actual gobernador regional, que lleva más de 130 días fuera del cargo, en menos de dos años, por viajes y permisos de vacaciones.

El caso vuelve a mostrar lo que todos sabemos, pero pocos se atreven a enfrentar: en Trujillo, en La Libertad y el Perú los contratos públicos no se entregan al más capaz, sino al mejor conectado. Y lo más grave es que se hace con dinero de todos los peruanos.

En lugar de fomentar la transparencia y fortalecer la capacidad técnica del Estado, se premia la cercanía política, la militancia, el amiguismo. Mientras en nuestra región avanza la violencia y se caen los puentes, los recursos se reparten entre amigos y operadores.

¿Dónde están los filtros? ¿Dónde están los órganos de control? ¿Cuántos otros amigotes han recibiendo contratos millonarios por decisión de Acuña, como si el Estado fuera su caja chica?

Hemos llegado al descaro total. El que dice representar a La Libertad y a Trujillo, prioriza la lealtad política sobre el mérito, y usa los recursos públicos como botín de campaña.

Mientras no se castigue y no se reforme de raíz el sistema de contrataciones del Estado, seguiremos financiando las campañas y llenando los bolsillos de los políticos de siempre.

Porque la corrupción no es solo un delito: es una traición a la confianza de la gente, y ya es hora de ponerle freno. La decisión depende de nosotros. Solo un cambio total permitirá la solución.