Cuando se trata de poder y privilegios, la ley es solo un papel que se dobla a conveniencia. El caso de María Acuña deja al descubierto una vez más cómo funciona la política minera en el Perú: unos pocos con influencias se reparten las tierras, mientras miles de peruanos que se dedican a la minería artesanal son tratados como delincuentes.

La congresista, hermanita del gobernador regional de La Libertad y eterno candidato presidencial César Acuña, que vive la vida loca mientras todos en su región viven desesperados, ha intentado obtener concesiones mineras a nombre propio, a pesar de que la Ley General de Minería indica que los congresistas no pueden ejercer actividades mineras durante sus funciones.

¿Por qué cuando tienes poder, los límites no aplican, y cuando eres minero informal, esos mismos límites se transforman en cadenas? Para los de arriba, concesiones y contratos. Para los de abajo, persecución, exclusión y criminalización.

¿Dónde está la igualdad ante la ley? ¿Dónde están las oportunidades para quienes sostienen esta economía desde las regiones más olvidadas del país? Mientras se organizan mesas de diálogo que no llegan a nada y se revisan listas que no resuelven lo esencial, los poderosos siguen haciendo negocios con el recurso más preciado del Perú.

Este país no aguanta más. Mientras el pequeño minero se rompe el lomo para sobrevivir, los mismos apellidos de siempre siguen robando amparados por un sistema hecho a su medida. El caso de María Acuña no es un escándalo aislado, es la regla. Y mientras el Estado persigue al informal y premia al corrupto, el Perú se hunde en la injusticia. Basta de abuso y cinismo. El 2026 tenemos la oportunidad de desmontar esta maquinaria podrida con un cambio de ciclo.