Para las familias ayacuchanas, el dolor será eterno; y para el sistema judicial peruano, hacer justicia parece ser una espera sin fin. Han pasado tres años desde el feminicidio de Miriam Huashuayo, brutalmente asesinada, y su familia aún no encuentra justicia.

No hay sentencia, no hay respuestas claras, pero sí hay miedo. Miedo a la posible liberación del presunto feminicida Edwin Guillén Quispe, debido al exceso de carcelería en el penal de Ayacucho.

Este caso es un reflejo claro de un Poder Judicial colapsado, indolente y lento. ¿Qué más necesita este país para entender que no se trata solo de casos aislados? Se trata de un sistema que no funciona. Mientras los familiares suplican justicia, el Estado apenas reacciona y los procedimientos se dilatan sin razón aparente. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esta negligencia?

En Ayacucho las víctimas no solo enfrentan el crimen, también deben enfrentarse a un aparato judicial que parece proteger más al victimario que a la víctima. La inoperancia del sistema no solo perpetúa la impunidad, sino que alienta el miedo, el silencio y la repetición de estos crímenes.

Ya no basta con indignarse. Es urgente una Reforma del Judicial integral, que garantice una justicia oportuna, efectiva y con verdadera vocación de proteger la vida y la dignidad humana.