En Cusco y Ayacucho, el crimen organizado y el narcotráfico han dejado de ser amenazas lejanas para convertirse en realidades que marcan la vida diaria. Las autoridades han declarado el estado de emergencia en varios distritos, pero la medida llega cuando las bandas ya han tejido redes de control, miedo y corrupción.

Estas zonas, antes reconocidas por su riqueza cultural y productiva, hoy se encuentran bajo la sombra de los narcotraficantes y el crimen organizado, que recluta, intimida y manda con más autoridad que el Estado.

La única manera de frenar esta expansión es con la intervención firme y sostenida de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía, para desarticular a las mafias que se han incrustado en estas regiones, y en gran parte del Perú. El enemigo no es improvisado: está armado, financiado y organizado, y su negocio es tan rentable que no dudará en defenderlo con violencia.

Sin un golpe contundente contra las rutas del narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción que lo alimenta, Cusco y Ayacucho corren el riesgo de convertirse en territorios sin ley, donde manda el crimen.

El país necesita entender que no se trata solo de proteger dos regiones, se trata de impedir que el cáncer del narcotráfico se expanda y consuma la seguridad nacional. Actuar con firmeza es una urgencia para salvar lo que aún podemos recuperar. Es necesario que exista decisión política para extirpar este tumor maligno del terreno de los cusqueños.