En Ayacucho, la educación de los niños pequeños no debería depender de la vigilancia constante de sus padres, pero esa es la realidad. La Institución Educativa Inicial N.° 102 “Rosita de Lima”, en Huamanga, presenta graves deficiencias en su infraestructura y es la comunidad educativa la que ha tenido que exigir acciones inmediatas para que las autoridades reaccionen.

La situación de esta institución educativa es un reflejo del abandono que sufren miles de escuelas en el Perú. Filtraciones de agua, paredes deterioradas con humedad y deficiencias en el sistema de evacuación de aguas pluviales son espacios que exponen a la comunidad estudiantil a enfermedades respiratorias, y la herencia de una gestión pública incapaz de garantizar lo más elemental: que un niño pueda estudiar en condiciones dignas.

El esfuerzo de los padres y las comunidades para suplir la falta de acción estatal ya es la norma. No es responsabilidad de ellos exigir baños adecuados o reclamar por ambientes seguros. El derecho a la educación de calidad exige que las autoridades asuman el rol que les corresponde y dejen de mirar hacia el lado.

Si no se actúa ahora, Ayacucho seguirá siendo ejemplo de cómo se condena a los niños a aprender entre ruinas. Y un país que no protege la educación de sus hijos es un país sin futuro. El cambio de ciclo también pasa por poner la educación al centro, no como discurso, sino como un compromiso real para criar y educar a nuestros niños.