La ley dice que minero ilegal es aquel que contamina, no importa si es artesanal, grande o pequeño. En Cusco, las comunidades de Espinar llevan años exigiendo justicia y respeto frente a los abusos de la gran minería. Sin embargo, cada audiencia judicial parece confirmar lo que todos temen: el sistema no está hecho para escuchar a los pueblos, sino para blindar a las grandes empresas. El caso Coroccohuayco es un ejemplo claro de cómo se prioriza la rentabilidad sobre los derechos de las comunidades locales que viven el impacto de estas operaciones.

La reciente audiencia realizada por el Poder Judicial vuelve a mostrar un patrón repetido en el Perú. Cuando se trata de comunidades que reclaman por el agua, la tierra o el medio ambiente, los procesos se dilatan, las demandas se minimizan y las decisiones terminan inclinándose hacia los mismos actores de siempre.

Las familias de Espinar, que sobreviven con lo poco que les da la tierra y enfrentan la contaminación de sus ríos y suelos, ven cómo sus voces son reducidas a meros trámites en expedientes interminables. Mientras tanto, las compañías mineras gozan de respaldo político y judicial que les aseguraría poder continuar con sus operaciones sin mayor freno.

Si el sistema de justicia no logra equilibrar la balanza entre el poder económico y los ciudadanos, seguirá siendo cómplice de la desigualdad que condena a nuestras comunidades a vivir en el abandono. En Cusco, se necesita que se haga justicia real. Porque un país que entrega sus recursos a costa de su gente no avanza, retrocede.