Las carreteras del Perú se han convertido en cementerios abiertos. No hablamos de cifras frías, sino de 570 vidas humanas que se han apagado solo en lo que va del 2025,  producto de 425 accidentes fatales registrados en todo el país. Cada kilómetro de asfalto parece un riesgo, cada viaje una ruleta rusa donde la precariedad de las vías, la informalidad del transporte y la inoperancia del Estado se cobran víctimas todos los días.

La emergencia no solo está en las cifras de muertos, también en la infraestructura que se derrumba frente a nuestros ojos. El colapso de la carretera PE-24A en Junín obligó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a declararla en emergencia, mientras Provías enfrenta denuncias de corrupción que explican por qué nuestras vías siguen en ruinas. No hay planificación, no hay fiscalización y lo poco que se invierte termina manchado por negociados, dejando a las regiones aisladas y a los ciudadanos pagando las consecuencias.

El problema ya no admite excusas. El sistema de transporte terrestre en el Perú es una máquina de muerte que sigue funcionando a vista y paciencia de las autoridades. El Ministerio de Transportes promete medidas, pero lo que necesitamos son resultados concretos. Carreteras en buen estado, controles efectivos y sanciones reales para quienes ponen en riesgo la vida de miles de peruanos.

El Perú necesita entender que el transporte es un derecho a la seguridad y a la vida. Mientras los gobiernos sigan postergando la modernización de nuestras vías y el ordenamiento del tránsito, seguiremos contando muertos y condenando a familias enteras al dolor. El cambio de ciclo también pasa por recuperar nuestras carreteras y dejar de tratarlas como trampas mortales.