En Lambayeque se destapó una realidad tan indignante como peligrosa. Más de 100 farmacias y boticas fueron clausuradas por vender medicamentos vencidos, adulterados o de contrabando. Pero detrás de estos operativos hay un dato aún más grave. Medicinas que deberían estar en hospitales y postas del sistema público terminan en manos de farmacias privadas, alimentando un mercado negro que lucra con insumos que son pagados con el dinero de todos los peruanos.

Mientras miles de pacientes esperan meses por un tratamiento en Essalud, las medicinas aparecen mágicamente en estantes privados, listas para ser revendidas. Esta es una red organizada que roba lo que pertenece al sistema público y lo comercializa al mejor postor.

Este negocio ilegal no solo enriquece a mafias de malos funcionarios y delincuentes que son parte de la cadena de distribución, también multiplica el riesgo para la gente. Porque en ese circuito clandestino se mezclan fármacos de contrabando, adulterados y vencidos, que ponen en riesgo la vida de miles de ciudadanos que compran de buena fe.

La corrupción y la complicidad del Estado permite que los almacenes de hospitales se vacíen mientras las farmacias privadas se llenan. La salud en el Perú no puede seguir siendo un negocio de contrabando donde se lucra con la necesidad de los enfermos. Es urgente el cambio, los peruanos debemos exigir nuevos lideres que no tengan miedo a que todo el sistema de compras y distribución sea público y transparente.