El caso de los secuestros en Trujillo refleja la gravedad de un problema que se extiende sin control. La Policía no da abasto y la respuesta del Estado es lenta y burocrática. Mientras tanto, las mafias que operan en la región crecen y se fortalecen. Hoy, salir a trabajar, enviar a los hijos al colegio o abrir un negocio se ha transformado en un acto de riesgo.

Las autoridades locales hablan de decretar estado de sitio, pero el fondo del problema es más profundo. Falta decisión política y un sistema judicial que no protege al ciudadano, sino que muchas veces termina favoreciendo a los delincuentes. En La Libertad son cientos de vidas arrancadas y familias destruidas al año por bandas que imponen el miedo como su herramienta principal.

La inseguridad en La Libertad es una realidad diaria que aterra a las familias. Cada mes se registran, en promedio, once denuncias de secuestro, una cifra que confirma lo que todos sabemos en las calles, las bandas criminales actúan con total impunidad. La región se ha convertido en terreno fértil para el crimen organizado, mientras los ciudadanos seguimos desprotegidos y expuestos a delitos que destruyen vidas enteras.

Mientras la ola de secuestros crece y la población vive con miedo, César Acuña sigue más preocupado en sus fiestas, en sus viajes y en los negociados con las licitaciones. Su única “solución” es pedir un estado de sitio, como si con decretos se resolviera la inseguridad.

La verdad es que La Libertad está abandonada a su suerte porque su gobernador nunca ha estado a la altura. Y el precio de su incapacidad lo pagan los ciudadanos que hoy son víctimas del crimen organizado. Un cambio de ciclo en política significa recuperar nuestras calles, para que nunca más tengamos que vivir con miedo en nuestra propia tierra.