El Gobierno aprobó un reglamento que promete controlar los recursos de las ONG y la cooperación internacional. La medida le da a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) el poder de fiscalizar, sancionar y hasta cerrar organizaciones que usen dinero para fines distintos a los que declaran.

¿Podría ser esto el fin de la mafia caviar? Durante años, ONG’s como el IDL de Gustavo Gorriti han recibido millones y millones de dólares desde el extranjero para impulsar agendas políticas de izquierda, disfrazadas de “derechos humanos” o “democracia”.

Terminaron controlando todo el sistema judicial peruano. Persiguieron a militares y policías que defendieron al país del terrorismo, dejando a familias enteras destruidas por juicios interminables. Usaron a fiscales y jueces aliados para encarcelar a ciudadanos inocentes mientras blindaban a sus amigos políticos. Bloquearon reformas económicas, sabotearon proyectos productivos y convirtieron la justicia en un arma contra quienes piensan distinto. Durante 25 años, la mafia caviar no ha representado al pueblo, ha vivido de él manipulando la opinión pública con sus medios y ONG’s, sembrando división y debilitando nuestras instituciones.

El reglamento establece multas y la cancelación de registros a quienes desvíen fondos. Pero si no hay voluntad política de aplicarlo con firmeza, todo quedará en papeles y los caviares seguirán manipulando la política desde oficinas que nunca fueron elegidas por el pueblo.

El Perú necesita transparencia real. O se corta de raíz el financiamiento oculto de la izquierda radical, o la mafia caviar seguirá riéndose de todos.