El Jurado Nacional de Elecciones confirmó lo que ya todos sabemos. César Acuña, actual gobernador de La Libertad, infringió la neutralidad electoral al hacer campaña política a favor de su partido. Un funcionario que debería representar a todos los liberteños se dedicó a usar su cargo como vitrina para sus ambiciones personales.

No es la primera vez que Acuña está en la mira. Ya antes, su gestión fue cuestionada por millonarias compras públicas poco claras, como el caso de las camionetas sobrevaloradas para la Policía, donde se pagó más que en otras regiones y por vehículos de menor calidad. El patrón sigue siendo decisiones que se presentan como “en beneficio de la población”, pero que terminan rodeadas de sombras, sobreprecios y sospechas de arreglos bajo la mesa.

Mientras tanto, la región arde. Literalmente. La violencia crece sin freno, el crimen organizado avanza, y los liberteños siguen esperando soluciones reales. Pero el gobernador parece más preocupado en su campaña y en los contratos que alimentan su red de poder que en enfrentar los problemas urgentes de la gente.

La política convertida en negocio, el cargo público usado como trampolín electoral, y los recursos de la región puestos al servicio de un partido. Eso es lo que hoy representa César Acuña. La pregunta que queda es simple, ¿hasta cuándo seguiremos tolerando que el poder regional sea manejado como propiedad privada por los corruptos de siempre?

El Perú necesita un verdadero cambio de ciclo que arranque de raíz a las manzanas podridas que lo han contaminado durante décadas. Gobernadores que convierten el poder en negocio, partidos reciclados que solo saben enriquecerse, autoridades que se sirven del Estado en lugar de servir al ciudadano. Las elecciones del 2026 no pueden ser un trámite más. Deben ser la oportunidad de limpiar la política y abrir paso a un nuevo liderazgo que represente al pueblo, no a sus bolsillos.