El partido Perú Primero parece más una empresa familiar que un movimiento político. Los mismos apellidos, los mismos métodos y las mismas sombras de corrupción. Así, la historia vuelve a repetirse. Quienes arruinaron el país y la confianza en la política se disfrazan de “nueva opción” para seguir viviendo del Estado.
El corrupto expresidente del Perú, Martín Vizcarra, sigue recorriendo el país como si nada hubiera pasado. Tres inhabilitaciones, un proceso penal abierto y múltiples denuncias no parecen ser obstáculo para relanzar su proyecto político. Pero esta vez no está solo. Lo acompaña su hermano Mario Vizcarra, quien enfrenta una investigación fiscal en curso por presuntos delitos de colusión agravada y peculado doloso, y aun así suena como candidato presidencial de Perú Primero, ya que lo confunden con su hermano.
Pero detrás del discurso de “renovación” se esconde el mismo libreto de siempre. Un partido lleno de candidatos con antecedentes judiciales, denuncias y procesos abiertos. Exalcaldes, excongresistas, empresarios y políticos regionales investigados por cohecho, colusión, enriquecimiento ilícito y contrataciones irregulares. En resumen, más de lo mismo.
Entre los nombres más visibles está José Martín Arévalo Pinedo, exalcalde de San Juan Bautista (Loreto), procesado por cohecho tras recibir 15 mil soles de un empresario a cambio de obras públicas; Sergio Dávila Vizcarra, excongresista y exalcalde de Camaná, condenado por enriquecimiento ilícito; Richard Tripul Peña, empresario piurano procesado por colusión en contratos municipales; y Enrique Pulgar, excongresista de Huánuco, denunciado junto a su hermano gobernador por organización criminal y perjuicio económico al Estado.
Y como si fuera poco, el entorno familiar de los Vizcarra también está bajo la lupa. El proyecto inmobiliario Andaria, promovido por la empresa de la esposa e hijas del Lagarto, se levantó sobre terrenos adquiridos por los hermanos Vizcarra a través de su empresa CYM Vizcarra SAC, investigada por presunta colusión en obras públicas en Tacna. Una red de negocios cruzados entre política, familia y contrataciones con el Estado.
Junín y todo el país deben abrir los ojos. La renovación no puede venir de quienes representan el pasado más oscuro de la política peruana. Si el Perú quiere romper este ciclo, el 2026 debe ser el punto de quiebre. Es el momento de dejar atrás a los corruptos de siempre y hacer un cambio de ciclo con líderes nuevos, con las manos limpias y sin prontuario.