Cuando el miedo se vuelve parte de la rutina, el Estado y las autoridades políticas han fracasado. Y queda claro que somos rehenes de un crimen organizado que ya no le teme a nada ni a nadie.

Un microbús lleno de pasajeros fue baleado en Trujillo esta última semana, cuando recién iniciaba su ruta. Las primeras versiones apuntan a un nuevo caso de extorsión con mafias que cobran “cuotas” a los transportistas y atacan a quienes se niegan a pagar. En este caso, la bala no solo atravesó el vehículo, sino también la tranquilidad de cientos de familias liberteñas que hoy viven con miedo cada vez que salen a trabajar.

La situación es crítica. Cada semana hay nuevos atentados, amenazas y asesinatos ligados al crimen organizado. Los transportistas viven extorsionados, los pasajeros viajan con miedo y las autoridades parecen incapaces de poner orden.

Mientras tanto, el gobernador regional César Acuña sigue desconectado de la realidad. Lejos de liderar soluciones, se dedica a su campaña política, mientras la región se hunde en la violencia. En lugar de ponerse al frente y proteger a su gente, prefiere mirar desde su escritorio, como si los asesinatos, los cobros de cupos y el caos del transporte fueran parte de un problema ajeno.

Lo ocurrido forma parte de una cadena de violencia que golpea al transporte público en todo el país. Por eso, el paro nacional de transporte no solo refleja la molestia de los choferes por las malas condiciones de trabajo, sino también el hartazgo frente a un sistema tomado por el crimen organizado, donde extorsionadores y sicarios mandan más que el propio Estado.

Ningún peruano quiere seguir así. Ni con los corruptos de siempre, ni con los comunistas y populistas de izquierda que solo han destruido la esperanza del país.

El Perú necesita un nuevo rumbo, con líderes honestos, preparados y valientes, que devuelvan el orden, la seguridad y la dignidad a millones de familias.
El 2026 no puede ser un año más, tiene que ser el comienzo del verdadero cambio de ciclo.