En el Perú ya nadie está a salvo. Ni los empresarios, ni los transportistas, ni los comerciantes… ni siquiera los músicos. La violencia del crimen organizado ha llegado al punto de convertir los escenarios en zonas de guerra. Lo que antes era fiesta y alegría hoy se ha vuelto miedo, extorsión y muerte.

En Lambayeque, reconocidas agrupaciones de cumbia como La Resistencia del Perú, Estrella Feijóo y Los Hermanos Guerrero viven con el terror de ser las próximas víctimas. Les exigen pagos de hasta 50 mil soles por “seguridad”, amenazan con granadas, y hasta han sembrado el pánico lanzando bombas lacrimógenas en medio de conciertos. La historia de Lima con el atentado que sufrió Agua Marina, resume el drama de muchos de peruanos.

“Nos amenazan, nos dicen que saben dónde estudian nuestros hijos. A los delincuentes los capturan, pero a los dos días están libres”, dijo Diana Cumpén Guerrero, dueña de la Orquesta Alexander entre lágrimas, recordando que ni siquiera la muerte del cantante de Armonía 10, Paúl Flores “El Ruso”, ha sido suficiente para que el Estado reaccione.

El caso de estas orquestas no es aislado. Es el reflejo de un país donde el crimen manda y la justicia se arrodilla. Donde las bandas criminales se pasean con impunidad, mientras la policía lucha sin recursos y los fiscales miran hacia otro lado.

Ya no hay espacio para la indiferencia. Cuando los músicos deben contratar seguridad privada para cantar, significa que la delincuencia le ha robado hasta la alegría al pueblo peruano.

Si el Estado no recupera las calles, los escenarios y la vida misma, el 2025 pasará a la historia como el año en que la música calló por miedo.

En el 2026, los peruanos tenemos una oportunidad de elegir a un líder que no tema enfrentarse al crimen, que ponga orden y devuelva la paz. Porque sin seguridad, no hay país que cante.