En el Perú, la justicia parece una puerta giratoria. Un día suspenden a una autoridad cuestionada, y al siguiente, un fallo trata de devolverle el cargo. Así pasó con Delia Espinoza, quien podría regresar como fiscal de la Nación por decisión del Poder Judicial, pese a tener varios procesos disciplinarios abiertos por el caso de su antecesora, Patricia Benavides.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) no acató el fallo que la restituye. Aun así, la medida podría haberse cumplido mientras dure el trámite, lo que vuelve a dejar al descubierto el desorden que reina en el sistema judicial peruano. Un sistema en donde las redes de la mafia caviar parecen tener la última palabra y en el que las decisiones se toman por operadores políticos corruptos.

Lo cierto, es que esta pelea entre instituciones muestra una justicia fracturada, politizada y desconectada del ciudadano común, que solo ve cómo los caviares logran protegerse una y otra vez, sin importar los procesos ni las sospechas.

Mientras tanto, los verdaderos culpables del caos —los fiscales, jueces y funcionarios que manipulan el sistema— siguen amparados por tecnicismos. Todo esto confirma lo urgente que resulta una Reforma Judicial total, que devuelva la credibilidad a una justicia hoy convertida en un juego de poder.

El Perú necesita volver a creer en sus instituciones. Pero eso solo será posible cuando la justicia deje de ser un refugio para los corruptos y se convierta, por fin, en un espacio para la verdad y la ley.