El Gobierno de transición de José Jerí asumió un país en crisis, con un Estado debilitado, un sistema judicial corroído y calles tomadas por el crimen. En apenas seis meses de gestión, nadie puede esperar que enfrente solo al crimen organizado, al narcotráfico, a los remanentes del terrorismo y a los intereses políticos que buscan mantener al Perú en el caos.

Por eso, el nuevo Estado de Emergencia en Lima Metropolitana no debe verse como una maniobra política, sino como un intento de recuperar el orden mínimo necesario para que el país llegue con estabilidad al proceso electoral del 2026. Es un gobierno de emergencia en todos los sentidos, y su misión principal es impedir que la violencia destruya lo poco que aún funciona.

Sin embargo, lo que hoy estamos viendo en las calles va mucho más allá de la indignación legítima. Las marchas de la llamada “Generación X” no son un movimiento espontáneo en defensa de la democracia o la justicia. Detrás hay fuerzas organizadas, exterroristas, operadores políticos de izquierda y estructuras vinculadas al crimen organizado, cuyo verdadero objetivo es desestabilizar el país, ensuciar el proceso electoral e instalar un nuevo gobierno de corte ideológico.

Lo que se vende como protesta ciudadana es, en realidad, una operación política encubierta, con discursos calculados, consignas radicales y figuras como Sigrid Bazán, Flor Pablo o Susel Paredes empujando el descontento para convertirlo en violencia. Es apología del caos, disfrazada de movilización juvenil.

El Perú necesita serenidad, no incendios. Este gobierno de transición tiene una sola tarea: garantizar elecciones limpias, orden y estabilidad. Y para eso, no se necesita más ideología, sino sentido común y firmeza.