Mientras el país vive una ola de violencia sin precedentes, con sicarios y extorsionadores libres, la justicia se ensaña con los policías que arriesgan su vida para mantener el orden. El caso del suboficial Luis Magallanes Gavidia, detenido por la muerte del joven Eduardo Ruiz durante las protestas del 15 de octubre, refleja con crudeza un sistema judicial que ya no distingue entre el que protege y el que delinque.

El peritaje forense fue claro. Magallanes disparó al suelo mientras huía de un grupo que lo perseguía violentamente. La bala rebotó en la pista antes de impactar al manifestante. No hubo intención de matar, ni un disparo directo, pero igual se ordenaron siete días de detención preliminar, como si se tratara de un criminal.

El problema no es solo judicial, es moral. Magallanes no es un asesino, es un funcionario del Estado que actuó en medio del caos, en defensa propia, en un contexto donde el crimen se confunde con la protesta y la ley se doblega ante la presión política y mediática.

No es casualidad que los fiscales y jueces que hoy castigan a los policías formen parte del mismo sistema infiltrado por la mafia caviar, la que defiende delincuentes, ataca a las Fuerzas Armadas y busca desmantelar toda autoridad.

Un país sin respaldo a su policía es un país condenado al descontrol. El Perú necesita una Reforma Judicial profunda, que devuelva el equilibrio entre justicia y autoridad. No se puede pedir seguridad si se encarcela a quienes la garantizan. O apoyamos a nuestra policía, o el crimen seguirá gobernando las calles.