La caída de Dina Boluarte no fue un accidente político. Fue la consecuencia directa de un país que perdió el control frente al crimen y la corrupción. Mientras las calles se llenaban de sangre, extorsión y miedo, los políticos jugaban a protegerse entre ellos, debilitando las leyes que deberían haber defendido a los peruanos.

El asesinato de un chofer o el ataque a una banda musical ya no sorprenden a nadie. La delincuencia se volvió parte del paisaje nacional, y el Congreso, lejos de enfrentarla, aprobó leyes que blindaron a sus propios miembros y paralizaron a la Policía. Así, mientras los criminales avanzaban, los políticos armaban su “pacto corrupto” para seguir repartiéndose el poder.

El gobierno de emergencia de José Jerí no promete milagros ni discursos vacíos. Su tarea es clara, estabilizar el país y mantener el control hasta las elecciones del 2026. Se trata de recuperar el orden mínimo que permita gobernar. Porque el problema no está solo en las calles, sino en un sistema judicial capturado por la mafia caviar, que libera delincuentes, debilita a la Policía y sabotea cualquier intento de autoridad real.

El Perú vive una de sus etapas más oscuras. Más de 575 homicidios solo en tres meses, miles de extorsiones cada día y un Estado que se esconde tras el miedo. Ya no hay excusas. O se reforma todo el sistema judicial y político desde la raíz, o el crimen seguirá gobernando nuestras calles.

En el 2026 los peruanos tenemos una oportunidad única de romper el ciclo de impunidad, sacar a los corruptos de siempre y recuperar la autoridad del Estado. El Perú necesita un nuevo liderazgo que no le tema al cambio ni al crimen. Porque si el Estado no toma el control, los delincuentes seguirán haciéndolo por nosotros.