Para un padre o una madre de familia en el Perú, el contrato social no solo está vencido, está hecho pedazos. Antes, la angustia de los hogares giraba en torno a si el sueldo alcanzaría para la canasta básica o si la inflación golpearía el bolsillo. Hoy, esa preocupación ha sido desplazada por un miedo mucho más primitivo y desgarrador: la supervivencia física de nuestros hijos.
El sueño peruano del 2026 ya no es una promesa económica abstracta, es la posibilidad de caminar por la calle sin tener que mirar tres veces atrás. Es inaceptable que los padres peruanos trabajen de sol a sol para pagar impuestos a un Estado que ha renunciado a su deber más básico.
Hoy, enviar a un hijo al colegio es un acto de fe. Las zonas escolares se han vuelto territorios de caza para el crimen y los famosos «estados de emergencia» se han convertido en un saludo a la bandera que no ha devuelto la paz a ningún barrio. El sentimiento de falta de autoridad pública es total. El Estado nos ha dejado solos frente a las mafias que nos arrebatan el futuro en cada esquina.
Pero el orden que exigimos no es solo policial. Los padres soñamos con una educación que sea un escudo, no solo un aula. Queremos que nuestros hijos compitan con el mundo mediante la tecnología, pero que también reciban el soporte en salud mental necesario para no ser víctimas, ni victimarios, en una sociedad que se desmorona.
El 2026 debe ser el año en que el Estado recupere el principio de autoridad. No pedimos subsidios, exigimos nuestro derecho a vivir en paz. El Gobierno tiene una deuda de sangre con las familias peruanas y es hora de que la empiece a pagar con resultados, no con promesas.
