Imagina que colocas tres candados en la puerta de tu negocio y el vigilante de la cuadra entrega las llaves a los delincuentes cada noche.
¿Acaso no buscarías cambiar a esa persona de inmediato para proteger tus pertenencias? Eso mismo ocurre hoy en el Perú con el crimen.
Todos los peruanos queremos trabajar sin miedo y hacer prosperar nuestros negocios. Bajo estas circunstancias, pedir más patrulleros o cámaras no funciona, porque la raíz del problema es otra.
Durante 25 años, la mafia caviar y la izquierda ideológica han jugado en pared, operando en las instituciones con un silencioso trabajo hormiga.
Tomaron el control de la Fiscalía y el Poder Judicial, aplicando mano blanda con los criminales mientras perseguían a las fuerzas del orden por cumplir su labor y a todo aquel que no piensa como ellos.
Hoy, la ola de inseguridad que vivimos requiere medidas concretas. Sin embargo, hay que saber diferenciar lo urgente de lo importante, como aprobar el pedido de facultades legislativas que permitirá al nuevo gobierno actuar sobre lo urgente: mano dura para retomar la tranquilidad en las calles.
Eso es básico, sin perder el foco en lo importante: una reforma del sistema judicial. Mientras los fiscales y jueces sigan actuando como operadores de esta mafia, haciendo prevalecer los derechos humanos de los criminales antes que los de los peruanos de bien, ninguna ley funcionará si los encargados de aplicarla son los primeros en incumplirla.
Los peruanos exigimos cortar la cabeza al monstruo con una reforma judicial total. Necesitamos jueces que apliquen la ley y respeten la Constitución.
Solo una justicia firme permitirá recuperar las condiciones para trabajar en paz y dar inicio al cambio total que necesita el Perú para desarrollarse y crecer. El futuro del país exige firmeza para tomar el control.
