¿Usted le pagaría a un vigilante para que cuide su cuadra si este tiene prohibido enfrentar a los asaltantes? Nadie invertiría en una protección que resulta ineficaz; es evidente.
Bajo esa lógica, hace unos días el gobierno solicitó al Congreso facultades legislativas. Sin embargo, el pedido se desvió de lo esencial: retomar el orden en las calles y ganarle la guerra a la inseguridad.
Además, dichas solicitudes se encuentran estancadas en el Parlamento sin avances significativos en las comisiones. Esta demora perjudica a miles de emprendedores peruanos, dado que el tiempo transcurre mientras que las extorsiones y el sicariato aumentan.
Por ello, aun cuando las calles se llenen de militares para enfrentar a la criminalidad, sin el marco legal adecuado, su labor se reduce a una presencia disuasiva sin capacidad real de intervención.
La carencia de normas que habiliten el uso de la fuerza militar deja desprotegidas a las familias. Los delincuentes aprovechan estos vacíos legales para amenazar a los ciudadanos, una situación que no es nueva, pues acumulamos 25 años de desprotección a las fuerzas del orden, a quienes no les permiten actuar y persiguen por hacer su labor.
En consecuencia, mantener a los militares en las calles sin capacidad de combate representa un gasto ineficiente de recursos y una pérdida de tiempo. Resulta, por tanto, innecesario.
Los peruanos exigen hoy que el Congreso apruebe de inmediato las facultades legislativas para obtener respuestas rápidas, evitar más pérdidas humanas y frenar el avance del crimen organizado.
Solo así daremos inicio a un cambio de ciclo, recobrando la seguridad mediante una autoridad firme en las calles del Perú.
