Hoy todos somos víctimas de la inseguridad. No hay rincón del país en que un familiar, amigo o conocido no haya sido extorsionado, asaltado o amenazado. Pareciera que la batalla contra el crimen organizado se está perdiendo, pero quienes realmente nos tienen contra la pared es el Poder Judicial y la Fiscalía que liberan a criminales y le ponen la soga al cuello a quienes nos defienden.
Por su dejadez a la hora de aplicar la justicia como se debe cientos de organizaciones criminales vienen operando en Lima y miles de bodegueros han tenido que cerrar sus negocios, como ya lo han hecho muchos otros emprendedores que luchan y se sacrifican por sus familias, para que sus hijos tengan un mejor futuro y no quieran irse del Perú por falta de oportunidades.
Jueces y fiscales llevan años sirviendo como operadores politizados, soltando a los delincuentes, mientras los policías no puedan usar sus armas por temor a ser detenidos y juzgados.
La crisis de inseguridad que atravesamos es también consecuencia de la inacción de los gobiernos de los últimos 25 años, tiempo en el que los innumerables cambios en los ministerios de Justicia, Interior y Defensa han contribuido con esta sensación de desprotección total.
Desde el 2000, más de 50 ministros se han encargado de desarmar a la policía, en lugar de trabajar por la seguridad ciudadana. No se ha incentivado el incremento de agentes y tampoco se han modernizado equipos y programas de la institución. Los realmente desamparados son nuestra PNP, que para colmo, son el blanco de la caviarada que se ha empeñado en deteriorar su imagen.
Basta ya de corruptos e ineficaces que abandonan a quienes protegen y permiten que se les haya perdido el respeto. Basta de comechados que se llenan los bolsillos a costa del esfuerzo de los peruanos, de los ciudadanos de bien que se esfuerzan día a día y son la fuerza que empuja al Perú a salir adelante.
