Vivimos atemorizados de que el próximo bus que ataquen a balazos sea en el que se trasladan nuestros hijos y familiares o nosotros mismos. 

Mientras la policía arriesga su vida para atrapar delincuentes en importantes operativos, el sistema judicial sabotea sus esfuerzos. 

Es como intentar apagar un incendio con un balde de agua mientras alguien, desde adentro, aviva las llamas.

La reciente liberación de 16 delincuentes extranjeros, detenidos durante un operativo en Ate, evidencia una práctica constante desde Fiscalía y el Poder Judicial.

Hoy que todos los peruanos somos testigos de la complicidad con la que actúa el Ministerio Público frente a la creciente inseguridad en el país, exigimos que los operadores de justicia que regresan a las calles a los delincuentes sean sancionados e inmediatamente expulsados.

No les importa que la Policía Nacional despliegue recursos humanos y logísticos para capturar criminales, ni todo el esfuerzo que le ponen.

Jueces y fiscales corruptos actúan con impunidad. Corresponde a la Junta Nacional de Justicia aplicar las sanciones correspondientes.

Y toca también ejecutar una reforma total del sistema de justicia, para que los delincuentes no sigan extorsionando y matando con total tranquilidad.

Es hora de una justicia justa que actúe con firmeza, coherencia y responsabilidad.