Lo ocurrido en Pataz, donde 13 trabajadores de seguridad fueron asesinados en una mina, no es un hecho aislado. 

Esta tragedia refleja una realidad más compleja: la lucha entre las grandes mineras, mineros artesanales y el crimen organizado.

A ello se le suma la indiscriminada criminalización de los pequeños y medianos mineros informales. 

Muchos de ellos son ancestrales, con décadas trabajando la tierra y por un Estado burocrático no han podido aún pasar a la formalidad. Sin embargo, hoy se les señala como criminales y se les persigue.

Tengamos presente que el verdadero enemigo es el crimen organizado, que ha tomado control de muchas zonas donde opera la minería ilegal. 

Estos grupos violentos actúan con impunidad, extorsionan, matan y controlan territorios. Frente a eso, la reacción del Estado ha sido lenta y, muchas veces, ausente.

Mientras tanto, Poderosa, una de las mineras más poderosas del país, parece tener más protección que los ciudadanos. Incluso cuenta con presencia policial dentro de sus instalaciones, mientras los pobladores cercanos siguen desprotegidos.

Tras lo ocurrido, toca dejar de criminalizar a los mineros informales. No son ilegales ni delincuentes. 

Muchos buscan formalizarse, pero enfrentan trabas y abandono. Es momento de diferenciar entre quienes destruyen y quienes construyen desde el trabajo, y ofrecer una verdadera solución que incluya a todos, solo así llevaremos a cabo un verdadero cambio de ciclo.