Un menor de edad que extorsiona y sin contemplaciones saca un arma y dispara, ¿realmente merece evadir la prisión?

Este fin de semana se promulgó una ley que permite juzgar penalmente, como adultos, a adolescentes de 16 y 17 años que perpetran delitos graves como homicidios y extorsiones. La medida busca enfrentar al crimen organizado que cada vez utiliza más a nuestros jóvenes para acciones violentas, precisamente porque no pueden ser juzgados.

En solo un año, según el Ministerio del Interior, más de 1.200 adolescentes fueron detenidos por homicidio o extorsión. En numerosos casos, obtuvieron su libertad en pocos días debido a la ausencia de un marco legal sólido.

La Defensoría del Pueblo ha anunciado una demanda constitucional, citando tratados como la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, estos acuerdos no impiden sancionar a menores: exigen proporcionalidad, debido proceso y reinserción social.

Responsabilizar a quien asesina o extorsiona no constituye criminalización. Nuestro sistema judicial debe garantizar que los crímenes contra miles de peruanos trabajadores no queden impunes.

Esta ley representa un avance, pero es insuficiente. El país requiere una reforma judicial total que asegure investigaciones eficaces, sentencias justas y el fin de la persecución contra las fuerzas del orden. Sin una justicia firme y honesta, no habrá desarrollo para el Perú.