Los peruanos que nos sacamos la mugre por nuestras familias sufrimos a diario por la delincuencia, mientras la Fiscalía decide perder tiempo investigando conflictos internacionales.

Con todo lo que ocurre en el Perú, donde confesos corruptos siguen sin ir a prisión, o donde se liberan cerca de 25 delincuentes diarios, quienes manejan el Ministerio Público actúan como si aquí todo estuviera resuelto. Sus prioridades están al revés.

Las máximas autoridades fiscales han abierto investigación por genocidio contra militar extranjero, por actos cometidos en otro continente. Prefieren mirar afuera antes que enfrentar la corrupción y sicariato que destruyen nuestra sociedad.

Mientras tanto, nuestras Fuerzas Armadas y Policía son perseguidas por hacer su trabajo. Cuando enfrentan delincuentes, les abren procesos y hasta los mandan a prisión.

Jueces y fiscales corruptos sueltan a los criminales que atrapan nuestras fuerzas del orden. Para la mafia de poder, los derechos humanos solo aplican para quienes incumplen la ley. No para sus víctimas.

Todo esto tiene que terminar. Ya basta de fiscales jugando a ser jueces del exterior. El Perú necesita un sistema judicial que no sea perjudicial.

Requerimos una renovación total que priorice la justicia para todos los peruanos, no para intereses ajenos a nuestra realidad.