En Arequipa, como en muchas partes del Perú, el problema no es solo la falta de recursos. Es la lentitud del Estado. La burocracia. Los trámites eternos que hace que el agricultor siga siendo visto como informal, aunque lleve décadas trabajando su tierra.
De los 8 mil títulos de propiedad rural prometidos para este año, apenas se han entregado 400. ¿Y el resto? Archivados en oficinas, atrapados en trámites.
Así es imposible desarrollarse. Sin título no hay acceso a programas de apoyo. Y sin eso, los agricultores siguen amarrados a una economía de subsistencia mientras las autoridades se llenan la boca hablando de “reactivación”.
Porque mientras se hacen ceremonias, ferias y discursos por el agro, la tierra sigue sin papeles y el campesino sin oportunidades.
Esta no es solo una falla técnica. Es una forma de exclusión. Un sistema que impide que el agricultor pase a ser empresario, que el campesino tenga seguridad jurídica y que la propiedad sea reconocida para crecer.
¿Qué esperan? ¿Otro año perdido? Tal como tuvo que esperar el proyecto de irrigación Majes-Siguas por casi 10 años, para que finalmente lo concesionaran a los japoneses. El campo no necesita más promesas. Necesita títulos reales, gestión eficiente y un Estado que trabaje al ritmo del pueblo, no de su lentitud histórica.
Es hora de dejar atrás la política del escritorio y empezar a gobernar con los pies en la tierra. Porque mientras la burocracia duerme, el agricultor ya está despierto desde las cinco, luchando por el pan de cada día. Y lo mínimo que merece es que el Estado no le ponga más trabas.