La corrupción ya no se infiltra en el Estado. La corrupción es el Estado. Y lo que ha ocurrido en Ayacucho lo confirma: dos alcaldes detenidos por formar parte de una red de corrupción vinculada a la organización criminal “Los Gánsters del Sur”. Sí, alcaldes.

¿Quién protege al ciudadano cuando los que juraron servirlo son los primeros en traicionarlo?

Este no es un caso aislado ni una excepción. Es parte de un patrón que se repite una y otra vez en nuestro país: autoridades que ganan elecciones para robar, no para gobernar. Usan sus cargos como escudo y sus oficinas como base de operaciones. Y mientras tanto, los pueblos siguen abandonados.

No hay agua, no hay obras, no hay salud ni seguridad. Pero sí hay licitaciones infladas, contratos dirigidos, compras fantasmas y alianzas con mafias que operan con total impunidad.

Lo más alarmante es que esto se repite en todas partes. Desde los municipios más pequeños hasta los gobiernos regionales, la política se ha convertido en un negocio personal. Un negocio financiado con la plata de todos.

¿Cómo vamos a salir adelante si los propios alcaldes forman parte de las redes criminales? ¿Cómo se combate el crimen cuando los criminales están en el poder?

Es urgente un cambio de raíz, un cambio de ciclo. Uno donde las autoridades rindan cuentas, donde la justicia actúe sin miedo, y donde los peruanos dejemos de ser víctimas del sistema para empezar a ser dueños de nuestro destino.

Porque si el poder sigue en manos de los corruptos, el Perú no tiene futuro.