Enfrentamientos por el paro de mineros artesanales en Arequipa dejaron una víctima fatal en Chala. ¿Y por qué? Porque seguimos sin una Reforma Minera que ponga orden, que trace un camino de formalización real y que reconozca a los pequeños mineros como actores productivos del país.

El costo lo pagan los fallecidos y sus familias, debido a la manipulación política de izquierda, que infiltra las manifestaciones con mineros ilegales y operadores del crimen organizado. Así, una demanda legítima de formalización termina secuestrada por quienes no quieren soluciones, sino caos.

La violencia no es casualidad. Es el resultado directo de la incapacidad del Estado para afrontar de verdad este problema que arrastramos hace décadas. Se prefiere el desorden, porque en el desorden ganan los mismos de siempre: las grandes empresas con concesiones ociosas, los políticos que usan a los mineros como carne de cañón en campaña, y las mafias que lucran de la informalidad.

Hoy miles de peruanos que solo quieren trabajar terminan enfrentándose con otros peruanos, que también cumplen con su deber: proteger el orden. Y mientras tanto, los que deberían resolver esto —el Congreso, el Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas— siguen pateando la pelota.

¿Hasta cuándo vamos a permitir que la minería informal sea una excusa para el caos, en vez de una oportunidad para el desarrollo? ¿Quién se beneficia de mantener todo como está?

Ya basta. El Perú necesita una Reforma Minera integral, que transforme al pequeño minero en empresario, lo saque de la pobreza, lo convierta en sujeto de crédito y lo aleje del crimen.

Porque si el Estado no es capaz de resolver, entonces es parte del problema.