En solo seis meses, el Perú ha registrado 78 feminicidios. Y Cusco —nuestra región— está entre las tres con más casos, junto a Lima y Junín. Esto no es una estadística, es una alarma. Un país que ya no solo pierde la batalla contra el crimen en las calles, sino también dentro de las casas.

Esto no es un tema aislado de violencia doméstica. Es parte de una crisis de seguridad estructural, donde la impunidad ha deteriorado todos los niveles de convivencia social. Si no hay justicia para los robos, para los asesinatos en las calles, mucho menos la hay para los crímenes que ocurren en la intimidad de un hogar.

Porque la violencia crece en un sistema donde las denuncias no se procesan, donde las víctimas no son protegidas, y donde los agresores caminan libres, hasta que matan. Y cuando matan, siguen sin pagar.

La mafia caviar ha copado el Estado y el Poder Judicial. Y en ese contexto de impunidad generalizada, los criminales sienten que pueden hacer lo que quieran. Incluso matar a una mujer, y quedar libres.

Necesitamos un Estado que proteja a nuestras mujeres, un sistema que castigue, y una justicia que llegue a tiempo. Porque si seguimos liderados por los mismos corruptos de siempre, cada feminicidio seguirá siendo un fracaso para el país.

Cusco es la cara del Perú hacia el mundo. Es la región que recibe a millones de turistas cada año, que representa nuestra historia, nuestra cultura y nuestro orgullo nacional. Pero también es una región golpeada por la violencia. Si el Cusco no está bien, el país tampoco lo está. Pónganle atención.