Cinco violadores de menores siguen prófugos en Lambayeque y la justicia brilla por su ausencia. Mientras las familias viven con miedo y rabia, el Ministerio Público lo único que hace es ofrecer recompensas.Ha dispuesto sumas queoscilan entre S/ 20.000 y S/ 100.000 por información que conduzca a sus capturas. ¿Eso es todo lo que tiene el Estado para proteger a nuestros niños?

No hay avances en las investigaciones, solo hay carteles con caras y montos. Como si eso fuera suficiente para reparar el daño o para prevenir nuevos ataques. ¿Quién hace el trabajo de inteligencia? ¿Quién da la cara por la seguridad de nuestras niñas y niños?

Esta es la prueba más clara de la inoperancia de un sistema que está corrompido y que prefiere delegar su deber. Porque no se trata solo de castigar a los culpables: se trata de garantizar justicia, de evitar que vuelvan a atacar y de proteger a los más vulnerables.

Pero eso, al parecer, no está en la lista de prioridades de las autoridades judiciales ni del Ministerio del Interior. En Lambayeque, como en muchas otras regiones del país, la justicia llega tarde… si es que llega.

El Perú necesita algo más que recompensas. Necesita una reforma profunda del sistema de justicia, que devuelva la confianza a las víctimas y que deje de tratar la seguridad como un trámite administrativo.

Porque mientras los violadores se burlan de la justicia, las familias viven con el alma rota y el miedo constante.