La corrupción municipal vuelve a encender las alarmas, esta vez en Víctor Larco. Vecinos y autoridades locales piden la intervención de la Fiscalía ante contrataciones que huelen a favoritismo, y con procesos que no parecen transparentes ni con competencia real.

La denuncia revela que la empresa MAGAR Contratistas & Consultores estaría vinculada directamente a la gerente de Administración y Finanzas del municipio, quien habría puesto a su hermanastra como propietaria para ocultar su participación. Esto constituye un evidente conflicto de interés en los tres contratos celebrados entre ambas entidades, que pone en duda la legalidad de las adjudicaciones.

Así no se administra el dinero público. Las licitaciones deben abrir la puerta a la mejor oferta, con requisitos claros y fiscalización efectiva. Cuando las relaciones familiares pesan más que los criterios técnicos, los vecinos pagan el costo en obras de baja calidad, retrasos y servicios que no mejoran.

Corresponde una investigación fiscal inmediata, el acceso a todos los expedientes de contratación, la suspensión preventiva de los procesos cuestionados y la determinación de responsabilidades. Víctor Larco necesita reglas que se cumplan, funcionarios que rindan cuentas y un sistema de compras públicas a prueba de amiguismos.

La Libertad no puede seguir normalizando estos atajos. Si queremos municipios que resuelvan problemas en lugar de crearlos, hay que cerrar el grifo de los privilegios y devolverle a la contratación pública su razón de ser: servir a la gente, no a los de siempre.