En Lambayeque y en todo el norte del país ya estamos cansados de escuchar siempre la misma historia. Cuando ocurre un atentado o se encuentra material explosivo, el dedo acusador apunta de inmediato contra los mineros informales. Pero la noticia reciente de los actos terroristas en Trujillo abre otra realidad que no se quiere mirar. En la vivienda dinamitada se halló ANFO, un material explosivo que los mineros artesanales no pueden adquirir, pero si las grandes empresas mineras.

La violencia en el norte vuelve a levantar preguntas. ¿Fue un atentado o un accidente? Una vez más se repite la historia de criminalizar al minero informal que lo único que busca es trabajar, mientras se pretende pintarlo como terrorista. La realidad es que detrás de la minería ilegal se mueven las manos del crimen organizado y de grandes intereses como Poderosa, que usan este caos para su propio beneficio. Si aceptamos que el crimen organizado está detrás de buena parte de esta actividad, ¿qué esperamos para aprobar de una vez la ley de terrorismo urbano? Esta es la nueva forma de sembrar miedo en la población y, como siempre, el Estado sigue mirando para otro lado.

El verdadero cambio de ciclo en la minería pasa por dejar de usar al informal como chivo expiatorio y poner la lupa sobre todos los actores del sector. Solo así tendremos un futuro donde la riqueza minera no sea manchada por la violencia ni por los abusos de quienes se creen intocables.