En el Callao, donde la delincuencia ya se vive como un estado paralelo, las mafias se mueven con absoluta libertad. Cobran cupos, controlan barrios, siembran terror. Los ciudadanos no sienten la presencia del Estado, sienten la de los criminales. Y no hay ley escrita que cambie esa realidad si el aparato de justicia sigue podrido por la corrupción y la impunidad.

El Congreso aprobó una ley que impone cadena perpetua para extorsionadores, sicarios y otros delincuentes ligados al crimen organizado. Una medida dura en el papel, pero que abre la gran pregunta: ¿basta con endurecer penas si el sistema judicial y policial sigue siendo incapaz de aplicarlas con firmeza?

La experiencia nos demuestra que las penas más duras no siempre son las más efectivas. El problema no es solo la sanción, sino la certeza de que el delincuente será detenido, juzgado y condenado sin favores ni atajos. Mientras eso no ocurra, la cadena perpetua será solo un anuncio más, una promesa vacía que no baja la violencia en las calles.

El Perú necesita más que titulares de mano dura: necesita un sistema que funcione, policías equipados y respaldados, fiscales que no se vendan, jueces que no liberen a los criminales. De lo contrario, los delincuentes seguirán riéndose de la ley, y los ciudadanos seguirán pagando con miedo y sangre.