Otra vez el Gobierno mete mano al bolsillo de todos los peruanos para salvar a PetroPerú. Esta vez autorizó la emisión de bonos y la refinanciación de deuda por más de 287 millones de dólares, dinero que sale directamente de los impuestos que pagamos todos los peruanos.

Una operación que suena a parche sobre una herida que nunca cierra. Décadas de mala gestión, corrupción y pérdidas que terminamos pagando todos.

Mientras tanto, el contraste es evidente. En el norte, una gigante como Chevron firma acuerdos para explorar y abrir nuevas posibilidades de producción petrolera, frente a las costas de Lambayeque. Allí no hablamos de rescates ni de deudas impagables, sino de inversión real que puede convertirnos en un país exportador, generando empleo, regalías y desarrollo para las regiones.

La diferencia es clara. PetroPerú se convirtió en un barril sin fondo, símbolo de cómo el Estado administra con ineficiencia y amiguismo lo que podría ser riqueza nacional. En cambio, con inversión extranjera transparente y bien regulada, el Perú podría transformar sus recursos en oportunidades concretas para las familias, especialmente en el norte.

La pregunta es inevitable, ¿vamos a seguir pagando la fiesta de PetroPerú con dinero público, o vamos a apostar por un modelo que funcione y que devuelva beneficios reales a los ciudadanos? El futuro está en elegir bien qué caminos queremos recorrer, los de la corrupción estatal que hunde, o los de la inversión que impulsa.