Delia Espinoza es parte de la mafia caviar que, disfrazada de defensora de la democracia, ha convertido al Ministerio Público en un arma política. Persiguen a militares y policías que defendieron al Perú, protegen a sus amigos de la izquierda radical y manipulan procesos para destruir familias enteras. Han usado la fiscalía como si fuera un negocio privado, controlando nombramientos, blindajes y favores.

Así, la Junta Nacional de Justicia decidió suspender por seis meses a Espinoza, Fiscal de la Nación, por presuntas faltas disciplinarias relacionadas a la reposición de Patricia Benavides. Para algunos es solo una medida temporal, pero en realidad es la confirmación de lo que ya todos sabemos, el sistema de justicia está secuestrado hace décadas por la mafia caviar.

El caso Espinoza es la muestra de un cáncer que se extiende por todo el sistema judicial peruano. Jueces, fiscales y consejeros que responden más a intereses ideológicos y económicos que a la justicia real. Cada vez que la mafia caviar avanza, el ciudadano común retrocede.

Por eso el Perú no necesita parches ni suspensiones temporales, necesita una reforma total del sistema judicial. Un cambio que devuelva independencia, transparencia y firmeza para perseguir a los verdaderos corruptos, no a los inocentes. O limpiamos de raíz esta podredumbre, o la justicia seguirá siendo un arma contra el pueblo y un escudo para los corruptos.