El agua es un derecho, no un lujo. Pero en Cusco sigue siendo tratada como una promesa pendiente. Cada retraso es una burla para las familias que aún cargan baldes, que pagan por cisternas o que simplemente no tienen cómo acceder a un servicio básico.

Cusco debería estar celebrando la construcción de una de las obras de agua potable más importantes de su historia, capaz de beneficiar a 500 mil personas. Sin embargo, lo que tenemos es un proyecto en riesgo por la ineficiencia de los funcionarios públicos, que no han sido capaces de resolver trámites y temas legales básicos. Se trata del acueducto del Cusco denominado Vilcanota II, cuya inversión asciende a más de 250 millones de soles.

La obra, llamada a cambiar la vida de medio millón de ciudadanos, hoy se tambalea no por falta de recursos ni de ingeniería, sino por el abandono y la improvisación de quienes administran el Estado. Los funcionarios del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) no han sido capaces de resolver las interferencias durante casi todo el plazo del contrato, y ahora pretenden culpar al contratista. Pero la responsabilidad no se queda allí: el PNSU responde al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), que a su vez está bajo la jerarquía del Gobierno central y de los gobernadores regionales. Gobernadores que se dedican a prometer y a hacer politiquería, pero no a resolver los problemas reales de la gente.

Años de promesas y anuncios se convierten en frustración porque los responsables no cumplen ni con lo más elemental.

¿Hasta cuándo vamos a soportar que obras vitales se hundan por la mediocridad y corrupción de funcionarios que nunca pagan las consecuencias? Cusco merece respuestas y acción, no excusas. Porque mientras la burocracia se demora en resolver papeles, medio millón de personas sigue esperando agua.