La Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió a Delia Espinoza de su cargo de Fiscal de la Nación por seis meses, pero ella insiste en aferrarse al puesto como si aún le perteneciera. Un ejemplo más de cómo la mafia caviar busca perpetuarse en espacios de poder que ya no les corresponden.

En una crucial batalla legal, Espinoza presentó una medida cautelar para que la repongan de inmediato en el cargo. El recurso busca suspender la sanción de la JNJ mientras se resuelve una demanda de amparo que podría definir el futuro de la cúpula fiscal. Su defensa alega que la JNJ habría “usurpado funciones” y vulnerado la autonomía del Ministerio Público, un argumento que suena más a excusa para mantenerse en el poder que a defensa real de la institucionalidad.

Lo cierto es que la gestión de Espinoza estuvo marcada por favoritismos, blindajes y persecuciones selectivas. En lugar de fortalecer la justicia, la convirtió en un arma política para proteger a unos y castigar a otros. Y ahora pretende victimizarse para evitar responder por esa trayectoria.

El caso Espinoza es la evidencia de un mal más profundo: un sistema judicial secuestrado por intereses políticos e ideológicos. Mientras fiscales y jueces se atrincheran en cargos que ya no les pertenecen, los ciudadanos siguen sin justicia real, viendo cómo la corrupción avanza sin freno y la impunidad se convierte en regla.

El Perú no necesita funcionarios que burlen sanciones ni que jueguen con tecnicismos legales. Necesita una reforma total del sistema judicial, que devuelva confianza a los ciudadanos y garantice que la justicia deje de ser patrimonio de unos pocos y vuelva a ser un derecho de todos.