El  Ministerio Público se ha convertido en un espacio tomado por intereses ideológicos y políticos. El caso de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez representa la cara más clara de un sistema que perdió toda objetividad, que usa la justicia como arma y que ahora pretende usar el Congreso como refugio.

Los fiscales Vela y Pérez vuelven a estar en el centro de la polémica, esta vez por evadir responsabilidades. En lugar de asumir las culpas por los manejos irregulares en los casos Odebrecht y Cócteles, ahora buscan refugiarse en la política, renunciando al Ministerio Público para postular al Congreso en el 2026.

Así funciona el sistema judicial peruano. Los mismos que durante años se presentaron como símbolos de la “lucha anticorrupción” hoy se victimizan y buscan impunidad desde el poder político. Y no están solos. Detrás de ellos hay toda una red de caviares, como la ONG Instituto de Defensa Legal de Gustavo Gorriti, que los respalda, los blinda mediáticamente y transforma cada crítica en persecución.

¿Cómo confiar en fiscales que pasaron de perseguir políticos a querer convertirse en uno de ellos?

Por eso el Perú necesita una Reforma Judicial total, que limpie de raíz el poder fiscal y judicial, rompiendo la inmunidad que protege a estos funcionarios corruptos. No se puede hablar de justicia mientras los mismos operadores del sistema se reparten cargos y privilegios, protegidos por los tentáculos de la mafia caviar.

El 2026 será una oportunidad decisiva para acabar con este ciclo. O seguimos permitiendo que los mismos sigan rotando entre el poder judicial y el político, o construimos un nuevo sistema verdaderamente independiente, al servicio del ciudadano y no de los intereses de una élite ideologizada.