Mientras el crimen organizado avanza en todo el país, y manifestaciones violentas se realizan a diario en la capital, la Policía Nacional del Perú sigue desbordada, maltratada y abandonada por el mismo Estado que debería fortalecerla. La Contraloría acaba de revelar que los futuros agentes que deberían protegernos estudian en condiciones insalubres, peligrosas e indignas en la Escuela Técnico Policial de Puente Piedra.

Baños inservibles, duchas tapadas, basura acumulada, colchones rotos y cocinas infestadas de moscas. Esa es la realidad de los cadetes que algún día saldrán a las calles a enfrentar a la delincuencia. ¿Cómo pedirles compromiso, vocación o disciplina cuando el propio sistema los forma en medio del abandono y el descuido?

El informe de la Contraloría no deja dudas. Los servicios básicos están colapsados, los dormitorios en mal estado, el mobiliario oxidado y los equipos destruidos. Una escena que no solo refleja desinterés, sino también una cadena de corrupción e ineficiencia que hace desaparecer los recursos antes de llegar donde realmente se necesitan.

Esta es la raíz del problema. Se exige seguridad a una policía que ni siquiera puede garantizar la salud de sus alumnos. Mientras tanto, los políticos siguen prometiendo “mano dura”, pero el dinero se evapora en contratos inflados, consultorías inútiles y gastos sin control.

Si queremos un Perú seguro, hay que empezar por limpiar desde adentro, por recuperar las instituciones, desterrar la corrupción y poner los recursos donde de verdad importan. Porque sin una policía digna, el crimen seguirá mandando y el Estado seguirá ausente.

En el 2026, los peruanos tendremos la oportunidad de exigir ese cambio. No más excusas, no más abandono. Es hora de cuidar a los que deben cuidarnos.