En política, la verdad siempre termina saliendo a la luz, por más que intenten maquillarla. El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, está hoy en el ojo de la tormenta tras confirmarse su paso por el penal de Lurigancho en la década de los 70. Mientras el exrector de la UNI intenta vender una imagen de «luchador social» y asegura que su detención fue estrictamente política por enfrentar a la dictadura, los documentos oficiales cuentan una historia muy distinta y mucho más oscura.
No es una opinión, es un registro oficial. Un documento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) contradice directamente la versión del candidato. Según el archivo, López Chau fue encarcelado el 3 de marzo de 1970, pero no por «gritar injusticias» en las calles, sino por el delito de «asalto y robo».
López Chau dice que fue una confusión, que entró a un local invitado por un guardián y que la policía lo «confundió con un ladrón». Sin embargo, el registro penal es claro. ¿A quién le creemos: al político que busca votos o al archivo histórico del sistema penitenciario?
Estas dudas sobre su pasado se suman a las críticas por su gestión en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde se le señala por el fraccionamiento de miles de órdenes de servicio para evitar concursos públicos y favorecer a proveedores sin registro legal.
Un candidato que arrastra cuestionamientos administrativos en el presente y una ficha por «asalto y robo» en el pasado, genera una duda razonable: ¿Qué más hay oculto en su trayectoria? ¿Es esta la figura «ética» que el Perú necesita?
El Perú ya ha sufrido demasiado por elegir presidentes con «mochilas» pesadas que terminan saliendo a mitad del mandato. La postulación de López Chau podría incluso tambalear si se encuentran impedimentos legales o si la opinión pública decide que un pasado con delitos comunes es inaceptable para un jefe de Estado.
El cambio de ciclo que viviremos este 2026 nos exige ser implacables con el filtro. En las elecciones de abril, no podemos dejarnos llevar por discursos académicos si detrás hay una historia de asaltos y una gestión universitaria bajo la lupa de la Contraloría.
¡Informarse es el primer paso para no volver a equivocarnos!
