El Perú camina sobre un campo minado y, una vez más, un sector del Congreso parece decidido a saltar sobre él. Esta semana, las bancadas de izquierda, lideradas por Perú Libre, la Bancada Socialista y Juntos por el Perú, oficializaron una moción de vacancia contra el presidente José Jerí por las polémicas reuniones «encapuchadas» con el empresario chino Zhihua Yang y el Decreto de Urgencia para privatizar Petroperú.
Si bien las juntas secretas de Jerí en chifas de San Luis y locales de la calle Capón son, por decir lo menos, sospechosas y exigen una investigación profunda de la Fiscalía, la pregunta es, ¿Es responsable vacar a un presidente a menos de tres meses de que el Perú elija a su nuevo mandatario?
Para nadie es un secreto que la izquierda busca pescar en río revuelto. Al impulsar la vacancia en este momento exacto, no están buscando «justicia», están buscando caos.
La iniciativa acusa a Jerí de intentar «privatizar» la estatal PetroPerú. Sin embargo, la izquierda ignora que la empresa tiene una deuda de casi US$ 100 millones y pérdidas millonarias por mala gestión. Usar la crisis de Petroperú como caballito de batalla para tumbarse a un gobierno de transición es, francamente, cínico.
El propio presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha sido claro: «Estoy en contra de eso, estamos en un proceso electoral… pretender un cambio ahora es crear más inestabilidad». Vacar a Jerí hoy significaría cambiar de presidente por tercera vez en un periodo corto, justo cuando el sistema electoral necesita calma para organizar las elecciones de abril.
El Perú necesita un cambio ordenado, en las urnas, no en un Pleno Extraordinario convocado a la fuerza. Solicitar una vacancia ahora solo sirve para que los grupos radicales traten de posicionarse como los «salvadores» frente a una corrupción que ellos mismos alimentaron en el pasado reciente.
No permitamos que el desorden nos impida ver que lo importante son las elecciones de abril. El filtro debe ser nuestro voto, no las jugadas bajo la mesa de un Congreso que tiene apenas 5% de aprobación. La corrupción se investiga y se castiga, pero la democracia se protege, especialmente cuando faltan solo días para que el ciudadano tome la palabra.
