El debate sobre la ex fiscal Delia Espinoza ha encendido los medios, y no es para menos. Mientras ella alista su candidatura para ser Decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) revela lo que muchos sospechábamos. Una red de presuntos favores políticos y comerciales entre ella, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y el suspendido decano Raúl Canelo.
La denuncia describe un patrón donde las altas esferas de la justicia se habrían usado como herramientas de extorsión y protección mutua. Así, cuando el Consejo de Ética del CAL suspendió a Raúl Canelo en mayo de 2025 por malos manejos, Espinoza y Tello habrían usado sus cargos para protegerlo, interfiriendo en procesos que no les correspondían.
Además, se mencionan relaciones extraprocesales indebidas y falsedad en resoluciones judiciales para favorecer intereses políticos y comerciales específicos. Lo más grave es la denuncia de represalias. Abogados críticos a este grupo terminaban procesados o sancionados, instalando un régimen de miedo e imparcialidad en el gremio.
¿Es esta la transparencia que Delia Espinoza promete para el CAL? La respuesta parece obvia. El gremio de abogados debería ser el primer guardián de la legalidad en el Perú, no el «búnker» de una mafia caviar que usa el derecho para perseguir enemigos y cubrir sus propias delitos.
Permitir que el «cáncer caviar» se mude del Ministerio Público al Colegio de Abogados de Lima sería el último clavo en el ataúd de la justicia independiente. Necesitamos instituciones que se vigilen entre sí, no que se laven la cara unas a otras en reuniones privadas.
El cambio de ciclo que quieren los peruanos nos obliga a estar alertas. La candidatura de Espinoza al CAL no es un simple paso profesional, sino un intento por mantener el control del sistema de justicia desde la base gremial.
No importa de dónde seas, si eres abogado o ciudadano, esta podredumbre nos afecta a todos. Un CAL capturado significa que mañana tú podrías ser la víctima de una resolución judicial «armada» a cambio de un favor político.
Es hora de eliminar estas mafias que se han enquistado en nuestro Estado. La transparencia no se negocia y la justicia no puede seguir siendo un intercambio de favores. ¡El CAL debe volver a los abogados honestos y el Perú a los ciudadanos vigilantes!
